Una polémica que no se hunde… sino que se profundiza
La tormenta alrededor de Subnautica 2 sigue creciendo. Después de que tres de los principales creadores del juego iniciaran una demanda contra Krafton, la editora ha salido a responder con dureza. Según la compañía, los exdesarrolladores no solo abandonaron sus responsabilidades, sino que también intentaron quedarse con una compensación millonaria que no les corresponde.
La versión de Krafton: abandono, bonus y filtraciones
En su defensa legal —un documento de casi 100 páginas—, Krafton afirma que Charles ‘Charlie’ Cleveland, Adam ‘Max’ McGuire y Edward ‘Ted’ Gill buscan cobrar una paga que “no se han ganado” y que, además, pidieron recuperar roles que ellos mismos abandonaron. Según la empresa, Cleveland y McGuire dejaron sus puestos para enfocarse en proyectos personales, y Gill habría aprovechado su posición para asegurar mayores pagos en lugar de avanzar en el desarrollo del juego.
Un desarrollo fallido y un Early Access en crisis
Krafton sostiene que una evaluación interna en marzo de 2024 reveló que la versión jugable del título no cumplía con el contenido prometido, lo que forzó un retraso hasta 2025 (y más tarde a 2026). En lugar de trabajar para mejorar el juego, los exlíderes habrían culpado a otros y se habrían negado a regresar a sus roles cuando la empresa se los pidió.
¿Amenaza de autopublicación y robo de datos?
La tensión sube aún más cuando Krafton acusa a los demandantes de amenazar con autopublicar Subnautica 2 sin su aprobación, y de haber descargado “enormes cantidades de información confidencial” del estudio Unknown Worlds. También afirman que buscaron lanzar el juego cuanto antes para asegurar el cobro de un bono de hasta 250 millones de dólares, incluso si eso perjudicaba al producto.
Una pelea legal que puede afectar al futuro del juego
Con Subnautica 2 oficialmente retrasado a 2026, esta disputa amenaza con complicar todavía más su desarrollo. Por ahora, el juicio sigue abierto y Krafton exige que el tribunal falle a su favor y que los demandantes cubran los gastos del proceso.
